Recientemente fuimos invitados por la CNC a participar en las Charlas Propyme, un espacio clave para analizar el impacto de la Ley N° 21.719, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Este encuentro resultó fundamental para analizar los desafíos de la nueva legislación. La entrada en vigencia de la Ley transformará el cumplimiento normativo en Chile. Durante la jornada, se destacó la necesidad de que las gerencias legales y de compliance transiten desde un modelo reactivo hacia uno de responsabilidad proactiva.
La nueva normativa, que alinea a Chile con el estándar europeo (GDPR), se basa en cuatro pilares:
1. Nueva Autoridad (APDP): Un regulador autónomo con facultades para fiscalizar y multar directamente, terminando con la autogestión actual.
2. Multas disuasorias: Las sanciones podrán alcanzar las 20.000 UTM o el 4% de los ingresos anuales en casos graves.
3. Responsabilidad proactiva: Las empresas deben demostrar fehacientemente su cumplimiento, incluyendo la implementación del Delegado de Protección de Datos (DPD).
4. Control total del usuario: El consentimiento debe ser explícito y se garantizan derechos de portabilidad y eliminación inmediata de datos.
Resulta fundamental que las organizaciones revisen sus procesos internos. El cumplimiento de esta normativa no representa solo un ajuste legal, sino una transformación operativa que exige prioridad en las empresas para mitigar riesgos y evitar sanciones.
Es vital que las empresas analicen a tiempo el impacto de esta normativa y actúen con antelación para alinear sus procesos operativos con los nuevos estándares de seguridad y transparencia.
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