En un contexto de diversos episodios de corrupción en el Poder Judicial y en el Congreso, y en el medio de una fuerte pugna política entre el Presidente y el Parlamento, este último dominado por el fujimorismo, el mandatario Martín Vizcarra, apoyado en la indignación ciudadana ante estas situaciones y el descrédito de las instituciones, se ha propuesto hacer profundas reformas constitucionales que en definitiva cierren las puertas a la corrupción institucional.

En esa línea, mandó al Congreso 4 proyectos de reforma, que tienen que ver con la orgánica y funcionamiento del Poder Judicial, del Congreso y de los partidos políticos, todos actores claves en un sistema democrático.

Como no cuenta con los votos necesarios y se generó también una resistencia parlamentaria a lo que consideran un intento presidencial por debilitar al Legislativo, el gobernante amenazó con utilizar la facultad constitucional de disolver al Congreso y llamar a nuevas elecciones, si no se abordan y aprueban las reformas.

En efecto, la Constitución peruana contempla que el presidente del Gobierno pueda usar el mecanismo de cuestión de confianza ante el Congreso si siente que su proyecto político está debilitado.

Hay dos artículos que hay que tener en cuenta.

El primero es el 133 de la Constitución, que dice que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear al Congreso una cuestión de confianza en nombre del Consejo. Esto significa que el Congreso puede negarle la cuestión confianza al gabinete presidencial. Si lo hace, ese gabinete tendría que renunciar.

Sin embargo, si dentro de un gobierno el Congreso censura el voto de confianza a dos consejos de ministros, bajo el artículo 134 el presidente tiene el poder constitucional para cerrar el Congreso.

En septiembre del 2017 el actual Congreso ya despidió a un gabinete durante el mandato de Kuczynski.

Es decir, que si el Congreso no da su visto bueno, el Presidente podría cerrar el congreso, y tendría que convocar elecciones legislativas en los próximos cuatro meses.

En refuerzo de su estrategia y también acudiendo a un mecanismo constitucional, el Presidente Vizcarra llamó a un referéndum, para obligar al Congreso a aprobar esas reformas y seguir la línea de los proyectos propuestos por el Ejecutivo.

Según la Carta Magna Peruana, los cambios constitucionales por la vía legislativa requieren ser aprobados en 2 legislaturas por 2/3 para después entrar en vigor.

Estas son las preguntas elaboradas por el Ejecutivo para el referéndum del 9 de diciembre :

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Fuentes: BBC y Perú21